La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado recientemente que, la plena vigencia del sistema de garantías que hace al debido proceso penal, en los procesos judiciales seguidos por delitos vinculados a la corrupción, no constituye sólo un amparo de los derechos de las personas involucradas en ellos en condición de acusados, sino que representa, por sí misma, una herramienta efectiva de lucha contra aquel flagelo.
Partiendo de la concepción de que todo acto de corrupción implica la vulneración de Derechos Humanos, el garantizar una justicia imparcial y una defensa efectiva, fortalecer la legalidad y propender a un plazo razonable de juzgamiento de estos hechos, son aspectos que, entre otros, permitirán al Estado otorgar una respuesta efectiva hacia la sociedad, que clama por una solución eficaz frente a estos delitos.