Fruto de nuestra formación universitaria y nuestra necesidad de acomodarnos en estructuras perfectamente definidas, es que, desde el ámbito judicial, por años, venimos augurando la falta de salidas, como también cerrando la posibilidad de que proyectos de reformas pueden lograr una mejora en el servicio de justicia.
El “no se puede” se ha instalado en nuestras organizaciones, y con mucha pericia y adaptaciones, hemos sabido neutralizar los distintos cambios legislativos para que nada cambie. Seguramente que éstos no han sido todo lo felices que uno podría esperar, ya sea por la inoportunidad de los mismos, como por la falta de recursos humanos y materiales que ellos presuponen; pero más allá de los beneficios y desaciertos que llevan ínsitos, se ha tratado de minimizar sus efectos.
Y para esto, valga como ejemplo, la reforma insertada por la ley que introdujo el llamado “Procedimiento de Flagrancia”.