La Teoría de la Marginalidad, como traducción latinoamericana del cuerpo teórico de la Teoría de la Modernización entre las décadas de 1950 y 1960 de la Escuela de Sociología Norteamericana funcionalista, constituye desde su aparición –principalmente luego de Segunda Guerra Mundial- una de las interpretaciones existentes sobre la cuestión urbana en su construcción latinoamericana más consolidada y difundida por intelectuales, instituciones y organismos internacionales de financiamiento, al punto de erigirse como el corpus conceptual dominante de los estudios sobre la ciudad.
Reconociendo la acumulación teórica de estas perspectivas, en su arribo a lo urbano, la Teoría de la Marginalidad postuló entre otros supuestos dos argumentaciones discursivas con injerencia epistemológica en la actualidad. La primera, refiere a la argumentación de las necesidades básicas apoyada en las prácticas y los discursos que sostienen umbrales minimistas (Leguizamón, 2005), como lo son las necesidades básicas insatisfechas, los mínimos biológicos y los umbrales de ciudadanía, destinados a asegurar un nivel de vida básico para las fracciones empobrecidas. En el caso que nos ocupa, nos referimos a las políticas urbanas que se sustentan en las condiciones sociohabitacionales básicas para la población y las viviendas que estas habitan, incluyendo sus servicios infraestructurales y comunitarios que hacen al conjunto de necesidades indispensables para garantizar la reproducción simple de las fracciones sociales empobrecidas. Entre ellas, las soluciones habitaciones, los módulos mínimos, las viviendas de interés social, entre otras. A esto se vincula un segundo aspecto sustentado en las anteriores argumentaciones, y que tiene como discurso central la autoconstrucción de viviendas mínimas en lotes mínimos. Se trata de los programas basados en los principios de ayuda-mutua y participación popular de los usuarios, mediante la conformación de cooperativas de trabajo y medidas tendientes al empoderamiento y participación de los grupos. Estos programas se articulan a su vez con políticas urbanas explicitas de posesión formal de la propiedad, también basadas en la argumentación de los lotes mínimos y los servicios infraestructurales básicos. Como contrapartida, estas modalidades son implementadas y apropiadas masivamente produciendo y reproduciendo situaciones de empobrecimiento de la población: hacinamiento, prolongación de la jornada de trabajo de las fracciones empobrecidas, estigmatización de la población, entre otras.