El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la situación de pandemia global de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ocasionada por el virus SARS-Cov-2. El anuncio de la pandemia fue iniciador de una cadena de complejidades que obligaron a muchxs a frenar y repensar la vida. El primer eslabón fue la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretada por Alberto Fernandez el 19 de marzo del 2020, que trajo aparejada la consecuente profundización de una crisis social y sanitaria ya iniciada a nivel mundial. Las autoras del presente ensayo producimos conocimiento científico situado junto a poblaciones con sus derechos vulnerados, en este contexto, reforzamos el compromiso de activar y profundizar las redes de solidaridad para con ellas además de recurrir a la necesidad de reversionar nuestra labor como becarias de investigación. Trabajamos junto a colectivos de personas en situaciones de gran precariedad social, económica y habitacional. Se trata de grupos atravesados por múltiples exclusiones que van desde la clase, la etnia, el género, la generación, causantes de problemáticas ligadas al racismo, a la discriminación, a la desigualdad en el acceso a derechos, entre otras. En nuestro trabajo cotidiano, nos dimos la tarea de repensar la investigación entendida y aplicada con métodos extractivos. En el marco de la sociología comprometida, Fals Borda, quien empezó a indagar en la Investigación Acción Participativa (IAP) como algo que no era tan solo una metodología de investigación, sino también una expresión del activismo social, con un compromiso ideológico implícito para contribuir a la praxis del pueblo, le dio el primer marco conceptual-metodológico a nuestra búsqueda.