La protección de la democracia en los Estados miembros y asociados es uno de los objetivos primordiales del MERCOSUR, por lo que el bloque exige como condición para la adhesión de nuevos países la ratificación de protocolos de protección, incluyendo los derechos humanos, entendidos también como uno de los preceptos de la democracia.
El Protocolo de Ushuaia surge como un documento de ratificación de la intención de proteger la democracia y prevé sanciones en caso de incumplimiento. Después de que los demás países hayan tomado medidas contra el país en el que se ha detectado la infracción a través de negociaciones y restitución, si esto no tuviere éxito, ese país puede suspender sus derechos y deberes dentro del MERCOSUR. La participación sólo se restablecerá tras el retorno del orden democrático.