El principio de jurisdicción universal nace como un mecanismo del sistema de justicia internacional en pos de la protección del ser humano ante la comisión de crímenes internacionales, y de la persecución y castigo de quienes los cometen. En un mundo de Estados, la responsabilidad penal individual surge en el marco del derecho internacional contemporáneo como un límite a la soberanía estatal, cuyo resguardo será un propósito común de la humanidad entera. Durante el mes de mayo de 2023 se adoptó el texto de la Convención de Liubliana-La Haya: un tratado multilateral sobre asistencia legal mutua y cooperación internacional para investigar y enjuiciar crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes). Tomando como base lo expuesto en un artículo de mi autoría, donde se analizaron distintas aristas que envuelven a la práctica de la asistencia legal mutua y los desafíos que se deberán enfrentar al momento de la ratificación del tratado, en este artículo expondré cómo la nueva Convención podría representar una ventaja para el ejercicio de la jurisdicción universal, una vez entrada en vigor.