En la actualidad, la conceptualización de la informalidad urbana da cuenta de un amplio abanico de estrategias de acceso al suelo, que excede el tradicional uso del término, para dar cuenta únicamente a las villas y asentamientos, propios de los sectores de bajos recursos de la población. Este concepto representa un clásico de los estudios urbanos, que en su definición mínima y abstracta busca clasificar espacios urbanos conforme a dos tipos de transgresiones, por un lado, la informalidad dominial remite al no cumplimiento con lo estipulado jurídicamente en torno a la propiedad privada, y por el otro, la urbana, al incumplimiento de las normas ambientales de subdivisión, uso, ocupación y construcción que conforman el orden urbano legítimo (Clichevsky, 2007). En las ciudades latinoamericanas, la informalidad no necesariamente es entendida como ilegalidad, pudiendo expresarse de múltiples formas: dominial, legal, constructiva y/o urbanística. La misma se explica a partir de múltiples factores, entre los que resultan claves las condiciones diferenciales de acceso al suelo urbano y las características del mercado de suelos que condicionan el accionar estatal en la coordinación de las actuaciones en el territorio.