El debate por la reforma de la coparticipación federal ha regresado nuevamente y vale la pena destacar las dos posibles maneras de visualizarlo. La primera, como un cambio limitado sólo a la discusión de la distribución de recursos entre jurisdicciones, es decir, entre el gobierno nacional y los provinciales (distribución primaria), y entre las jurisdicciones provinciales (distribución secundaria). La segunda, como una estrategia más integral que aproveche la ocasión de la reforma para solucionar varios de los puntos pendientes de la Agenda Fiscal Argentina. No puede ignorarse que el gasto público provincial se ha financiado en parte con recursos invisibles para los votantes (impuesto sobre los ingresos brutos que viene escondido en los precios), con recursos transferidos (impuestos coparticipados) o con recursos que significan una carga para generaciones futuras (deuda pública). Dentro de este contexto, ciudadanos que captan los beneficios de un mayor gasto público no perciben necesariamente el costo que significa financiarlo.