Tal vez el desafío político del siglo XXI para garantizar a lxs jóvenes una experiencia digna de sus usos personales de géneros y sexualidades comenzó en 2005, cuando la sanción de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no sólo fundó un nuevo marco jurídico-legal que destituyó casi un siglo de patronato tutelar (estatal) de “menores” (objetos y no sujetxs de derecho), sino que, fundamentalmente, también interpeló e instó a las instituciones del Estado a transformar sus sentidos de ciudadanización de niños, niñas y adolescentes. Las prácticas de cambio social sostenidas hasta la actualidad muestran que la escuela es (o debería ser) la institución clave para disputarle a la familia el absolutismo de la educación ciudadana de niños, niñas y adolescentes (con su libre interpretación del nacionalismo, la democracia y el estatuto humano de la diferencia vuelta lo otro).
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)