A treinta años del fallo Bazterrica, los contratiempos persisten. Un sector del Poder Judicial reclama cambios para una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, pero otro continúa criminalizando perejiles y encarcelando a las propias víctimas de las redes de tráfico y el sistema de recaudación policial. En tanto, la ley que penaliza la tenencia para uso personal sigue vigente y el dispositivo punitivo que deja la estructura mafiosa ilesa no se detiene.