Hasta el 11 de septiembre de 1973 gobernaba en Chile el presidente Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular, un gobierno democráticamente electo, portavoz de una de las utopías más importantes del siglo XX, como fue la vía pacífica al socialismo. El golpe de estado de las Fuerzas Armadas, significó el fin de todo ello, pero además, inició un inédito proceso de represión que dejó más de cuatro mil muertos, medio millar de prisioneros políticos, y una cifra indeterminada pero largamente superior a las doscientas mil personas desterradas.
Si bien el país no había enfrentado nunca un episodio de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, la organización de las víctimas fue temprana y decisiva.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se constituyeron a pocos meses después del golpe de Estado, y en contra de sus deseos fue creciendo a medida transcurría el tiempo y la represión continuaba, convirtiéndose así mismo en los principales referentes de movimientos de defensa de los derechos humanos, en dictadura y luego en la larga transición a la democracia chilena.