Ley ovina

Abstract

Durante la última década la Argentina vivió cambios significativos vinculados al rol del Estado y sus políticas de intervención en el desarrollo rural. Leyes, programas y proyectos emanados desde el Estado hoy son palpables en la realidad rural. Este es el caso de la ley nacional 25422/01 para la recuperación de la actividad ovina. Esta política pública tuvo sus orígenes en el 2001 a partir de la demanda del sector ovejero patagónico que veía sumida su actividad en una profunda crisis. Pero fue recién en 2003 cuando este instrumento público se puso en marcha generando la adhesión de la gran mayoría de las provincias. Buenos Aires fue una de las primeras en sumarse, fiel a su tradición e identidad con el sector, y tras un diagnóstico integral de la actividad generó el Programa Ovino Bonaerense. Este, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), tiene a cargo la gestión y ejecución de los fondos provenientes del tesoro nacional que buscan, a través del financiamiento de proyectos, la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos permitiendo su sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural como consta en el artículo 1º de la Ley.