Entre arquitectura escolar y políticas públicas: ¿cuál es el lugar de las tecnologías constructivas?

Abstract

El siguiente trabajo es un avance de investigación en el proceso de una tesis doctoral, y tiene como primer disparador el estudio del proyecto y gestión en infraestructura educativa en el ámbito estatal. A partir de la aprobación de la Ley 1.420 en 1884, el Estado Nacional es el responsable de la construcción de los edificios destinados para la educación y de regular la normativa para los emprendimientos privados. Esta determinación que enlaza una serie de políticas públicas en sintonía con el objetivo de implementar el primer sistema educativo en la Argentina moderna, tiene carácter fundacional también en relación al rol instrumental asignado a la arquitectura. De esta manera, el edificio escolar irrumpe como problema en la agenda estatal y posiciona a la arquitectura -y también a sus debates- como componentes estratégicas del proceso, con la necesaria mediación de los/las técnicos/as y de los/las funcionarios/as involucrados/as. Desde las primeras escuelas primarias y normales a la actualidad, ya han pasado más de 130 años de experiencia y coordinación entre los objetivos políticos y las propuestas arquitectónicas. Durante todo este tiempo los posicionamientos, lineamientos y definiciones sobre las implementaciones e innovaciones tecnológicas desarrolladas en el campo arquitectónico han cambiado notoriamente, resultando por momentos estructurales y en otros casos inexistentes o despreciables. Para este trabajo se propone el análisis de experiencias en proyecto y gestión en infraestructura escolar que contienen posicionamientos claros sobre el uso de tecnologías, su relación con la industria nacional, el sistema de patentes, la utilización o no de mano de obra calificada y la respuesta a una demanda masiva adecuada a estos programas. Esta revisión resulta necesaria para comprender y evaluar las tendencias pasadas y actuales para la construcción de arquitectura escolar estatal y las distintas respuestas que se podrán generar para enfrentar el déficit crónico de infraestructura, sumado a la escasez de recursos económicos.