Niñez y derechos humanos: entre el desamparo y la justicia

Abstract

El Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) surgió a raíz de una experiencia territorial colectiva de denuncia y exigibilidad al Estado del cumplimiento de sus obligaciones legales respecto a la niñez íntimamente vinculado a la violenta represión que sufrieron un grupo de niños y niñas de entre 6 y 17 años que vivían en la plaza San Martín de la ciudad de La Plata en el año 2008. Estos hechos pusieron de manifiesto que la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata estaban incumpliendo con las obligaciones asumidas en la ley 13.298 “Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño” que había establecido un cambio de paradigmas: del sistema tutelar al sistema de la protección integral. En ese contexto se presentó una demanda judicial solicitando la efectiva puesta en funcionamiento de la ley 13.298. En el presente artículo abordamos algunas de las cuestiones fácticas y jurídicas más relevantes de ese proceso que ha durado más de 10 años, y desde hace 6 años espera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

The “Children, Human Rights and Public Policies” Program of the Extension Secretariat of the Faculty of Legal and Social Sciences (UNLP) arose as a result of a collective territorial experience of demand to the government for the fulfillment of its legal obligations due to the repression that suffered a group of children who lived in the Plaza San Martín in the city of La Plata in 2008. These facts revealed that the local government fails to comply with the obligations assumed in law 13.298 “Promotion and Protection of the Rights of the Child” It had established a paradigm shift: from a tutelary to a comprehensive protection. In this context, a lawsuit was filed to force the government to comply with Law 13.298. In the present article we address some of the most relevant factual and legal aspects of this process that has lasted more than 10 years, and for 6 years awaiting a ruling from the Supreme Court of Justice of the Province of Buenos Aires.