El Estado ha tenido, desde su nacimiento y en sus posteriores transformaciones hasta su etapa actual, un indudable protagonismo en la concreción de cambios sociales y culturales, asociados directa o indirectamente a las políticas públicas que sus instituciones aplican. Cuando las políticas públicas abordan una problemática como la relocalización forzada de personas en situación de vulnerabilidad y la organización vecinal y comunitaria, las mismas deben tener en cuenta múltiples circunstancias que influyen directamente en las posibilidades concretas de cumplir los objetivos planteados. El género, como el proceso abordado en este trabajo demuestra, es uno de estos factores.