El pasado 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida de la flamante Organización de las Naciones Unidas para superar definitivamente las calamidades de la guerra que acababa de concluir.
A su vez, en la Argentina, en América Latina y en el mundo, atravesamos una etapa de injusticia y exclusión que pareciera dar por tierra con aquel propósito. Lo cual nos pone en la imperiosa necesidad de reparar los daños que ocasiona el neoliberalismo impuesto por el capital financiero globalizado, y recuperar una visión humanista y solidaria del mundo.
Por momentos parecería que estas políticas de sometimiento se apoyan sobre un laberinto jurídico que impide a los Pueblos una salida. Que, debido al enorme poder que las sostiene, resulta imposible liberarnos de esas barreras legales. Que no es viable edificar una nueva arquitectura normativa conforme a nuestros valores y principios igualitarios.
Pero no es así. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con toda claridad la vigencia de los derechos de quienes padecen la pobreza, el hambre, la injusticia y el olvido, y que han sido quebrantados. Es decir, son los grandes conglomerados y su desenfreno para maximizar su ganancia financiera quienes han violado el derecho internacional y sometido a las grandes mayorías. Infringen todo principio de Justicia, Igualdad, Preservación del Medioambiente, Derecho al Trabajo, al Confort y a la Felicidad, al Buen Vivir en definitiva, que deberían ser condiciones elementales para la vida de todo Ser Humano. Para nosotros, la Política como valor, consiste precisamente en garantizar esos derechos, su ejercicio efectivo.
Consiste en devolver la propiedad de los mismos a quien verdaderamente corresponde, la persona humana. Y a los Pueblos que están conformados por el conjunto de personas humanas.